El gobierno invertirá la millonaria cifra en cuatro años para fortalecer la capacitación de mujeres y jóvenes de escasos recursos. En el Ministerio del Trabajo se ha librado una batalla subterránea por cuáles serán los OTEC que se harán cargo de la implementación. Los hay con y sin fines de lucro. Según un informe del Sence, los primeros extraen una utilidad del 27% de los recursos entregados por el fisco. Hace una semana dejó su cargo como director del Sence Julio Salas, quien era partidario de excluir a los OTEC con fines comerciales.
El programa “Más capaz” –dependiente del Ministerio del Trabajo, a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence–, contempla una inversión de más de mil millones de dólares durante cuatro años para fomentar la capacitación de jóvenes y mujeres de escasos recursos. El ambicioso plan comenzó a implementarse este año como piloto, con la participación exclusiva de liceos técnicos profesionales y Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) del “registro especial”, los que no tienen fines de lucro.
Pero el conflicto se ha centrado en quiénes podrán implementar el programa y, por tanto, acceder a los recursos, del 2015 en adelante, cuando los fondos se incrementen y la fase piloto quede atrás. “Lo único que nos habían dicho fue que los OTEC serían incorporados en programas desde 2015, según información emitida en noticia de página del Ministerio del Trabajo cuando se lanza el programa; esa información ya no aparece”, señala Hugo Dollenz, presidente de la Asociación Gremial de Organismos Técnicos de Capacitación de la Región Metropolitana, AGMO, que agrupa a los OTEC que sí obtienen lucro.
Esa información ya no aparece en la web de Trabajo porque en la cartera no hay claridades sobre la participación de los OTEC con fines de lucro. El mercado de la capacitación está cuestionado por dos razones principales: su escaso impacto en el mundo del trabajo, y la cantidad de recursos que estas entidades extraen como utilidad por su labor.
El 2011 se formó la Comisión Revisora del Sistema de Capacitación e Intermediación Laboral, formada por los economistas David Bravo, Dante Contreras y Osvaldo Larrañaga, entre otros, los que en su informe final fueron lapidarios: “El estado actual de las políticas en materia de capacitación y demás componentes del sistema de formación de competencias es deficitario”. En el documento los expertos critican que el uso de los recursos públicos no se traduzca en un incremento salarial de los trabajadores beneficiados, ni tampoco en un alza de la productividad de las empresas. Dicen que la mayor parte de la capacitación se realiza a través de la franquicia tributaria a las empresas –las que pueden destinar hasta el 1% de lo que deben pagar en impuestos para mejorar la formación de sus trabajadores–, pero que eso se ha traducido en que quienes más se capacitan sean quienes tienen sueldos más altos y quienes trabajan en las empresas más grandes, cuyo 1% es muchísimo más significativo que el 1% que pueden destinar a ello las pymes.
Pero el informe de la “Comisión Larrañaga” fue sólo el puntapié inicial a las críticas. La ministra del Trabajo del gobierno de Sebastián Piñera, Evelyn Matthei, fue aun más dura: “En el Sence se están gastando US$300 millones al año que tienen cero impacto, tanto en las remuneraciones como en la empleabilidad de los trabajadores más pobres”, aseguró, luego de conocer el diagnóstico al que llegó la comisión de expertos.
Cerca del 80% de las capacitaciones en el país se realizan vía franquicia tributaria, mientras que el restante 20% se hace a través de programas de formación de oficios, destinados a la población desempleada. Ese justamente será el foco del programa “Más capaz”, el que buscará beneficiar a jóvenes y mujeres sin empleo. Hasta ahora, la formación de oficios se realiza exclusivamente con OTEC sin fines de lucro, pero en Trabajo aseguran que las 33 OTEC que forman parte de ese registro especial “no darán abasto” con el gran número de personas que, se espera, busquen capacitarse en el programa.
Por ello, en la Secretaría de Estado evalúan incorporar a los cerca de tres mil OTEC que sí tienen fines comerciales. El problema radica en que otro informe puso un signo de interrogación en el funcionamiento de estos organismos.
El “Estudio de precios del mercado de la capacitación” fue elaborado por la consultora Focus, esto por encargo de la Unidad de Estudios del Sence en octubre del 2013, y sus conclusiones también fueron durísimas. Según este estudio, los OTEC declaran utilidades de un 27%, y gastos administrativos de un 14%, los que no siempre serían transparentes. Además, el valor hora de la capacitación vía franquicia tributaria –utilizada por las que tienen fines de lucro– casi triplica al valor hora de las del “registro especial” ($5.700 versus $1.900). Por último, el documento también señala la baja efectividad del sistema; en sus conclusiones establece que sólo un 13% de los ocupados durante 2013 fue capacitado por los OTEC con fines comerciales, mientras en los países de la Unión Europea, a través de instrumentos similares, esa capacitación alcanza al menos a un 26%, es decir, el doble.
Las utilidades capturadas por los OTEC se suman al 15% de utilidad legal al que acceden los OTIC –Organismo Técnico Intermedio para Capacitación–, que son figuras creadas para administrar los fondos que las empresas destinan a capacitación gracias a la franquicia tributaria, los que muchas veces son propiedad de los mismos dueños de los OTEC que implementan los cursos.
TENSIÓN INTERNA
El pasado martes 1 de julio el entonces director del Sence, Julio Salas, debió dejar su cargo después que la ministra Blanco le solicitará la renuncia. Las agendas de ambos no eran compatibles, y desde hace semanas que la tensión venía en aumento.
Fuentes del Ministerio del Trabajo señalan que el tira y afloja por la incorporación de los OTEC con fines de lucro fue intenso mientras Julio Salas estuvo a la cabeza del Sence. A modo de ejemplo, comentan la propuesta que lanzó el gabinete de la ministra Blanco para reemplazar al fiscal del Sence, encargado de fiscalizar a estos organismos.
La segunda semana de mayo Blanco solicitó cambiar al funcionario que estaba encargado de esa labor desde fines del gobierno de Piñera, cuando la entonces ministra Matthei lanzó un plan de fiscalización al mercado. El nombre propuesto fue el de la abogada Pamela Sánchez, quien es asesora de AGMO, la entidad gremial que agrupa a los OTEC con fines de lucro, y que patrocinó el recurso de protección que esa organización presentó en enero de este año para frenar la inhabilitación de 92 mil cursos Sence que se consideró que no tenían pertinencia para la capacitación. Ese recurso fue acogido por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones. El Sence apeló ante tal decisión, y la palabra final la tiene ahora la Corte Suprema.
Salas bloqueó la llegada de Sánchez y, en cambio, nombró como fiscal a Vicente Rampoldi, un funcionario de carrera.
Sumado a lo anterior, funcionarios del Sence comentan que las minutas argumentando la pertinencia o no de que los OTEC con fines comerciales participen del programa “Más capaz” iban y venían entre el gabinete de la ministra y la dirección del Sence. El asesor de Blanco encargado de esta materia es Cristóbal Huneeus, militante DC, cercano al ex candidato presidencial Andrés Velasco, y uno de los expertos que participó de la Comisión Laboral en el comando de la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet.
La gota que rebasó el vaso fue una entrevista que Julio Salas concedió a El Mercurio, donde presentó un programa de fiscalización a los OTEC y los OTIC, indicando que casi el 60% del total de los recursos públicos que se invierten en la capacitación de la franquicia tributaria terminan siendo capturados por los operadores del sistema, y que “es justamente eso lo que nos lleva a realizar un procedimiento de fiscalización más exhaustivo”.
Al día siguiente, Salas dejó su cargo.
Eso sí, cercanos a la ministra Javiera Blanco indican que “su salida fue acordada con él mismo tres semanas antes, el día 10 de junio, luego de que Julio Salas decidiera no presentarse al concurso de Alta Dirección Pública que se está realizando desde mediados de mayo para proveer ese cargo”. Aunque también señalan que Salas estaba mal evaluado, que “para mejorar su imagen pública, intentó armar una versión política de su salida, que escondiera la mala evaluación. La versión fue una vaga e incoherente acusación acerca del lucro en la capacitación”.
En síntesis, dicen que “cual jugador de fútbol, se tiró un ‘piscinazo’, simuló un penal en el área para salvar su imagen: ni más ni menos que el primer funcionario de gobierno que sale por mala gestión, a los tres meses”. “El problema de Julio es que siempre fue el niño mimado de los barones del PS y siempre se sintió llamado a ejercer grandes roles que nunca llegaron”, agregan.
Sobre la definición del tipo de ONG que participará del programa “Más capaz”, aseguran que aún nada está decidido.
EL MERCADO DE LA CAPACITACIÓN
En total, más de tres mil OTEC forman parte del registro general del Sence, el que permite tener fines de lucro en la gestión. Los principales propietarios de esos OTEC están entre las asociaciones gremiales de empresarios, como la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Asociación de Exportadores de Manufactura (Asexma) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), los que además han liderado el lobby en el Ministerio para permitir su ingreso al millonario programa de capacitación.
En el grupo también existen numerosos OTEC de sostenedores de colegios particulares subvencionados, los que utilizan la infraestructura de sus colegios para facilitar el desarrollo de este otro negocio, a través de las nivelaciones de estudios. “Si les cerramos la llave de recursos vía reforma a la educación, sería inconsistente que se las abriéramos por el programa ‘Más Capaz’”, opina un funcionario que se opone a su incorporación.
Los cursos que imparten los OTEC del registro general son variados, ya que son las empresas las que eligen las materias en que capacitarán a sus empleados. Estos, en general, cuentan en promedio con 30 participantes y su extensión varía según los contenidos que se enseñen. Entre los miles de OTEC los hay de universidades, centros de formación técnica, municipalidades y de las mencionadas agrupaciones empresariales.
Una de los OTEC de la Sofofa, el Instituto de Capacitación Empresarial de Chile, Icech Ltda., tiene 25 cursos activos en el registro del Sence, pero el grueso de las capacitaciones de este gremio se concentra en su otro organismo: la Fundación de capacitación Sofofa, que tiene registrados 1.388 cursos. Tomando como ejemplo uno de ellos, el de “Conocimiento y manejo de los beneficios tributarios”, cuya información está disponible en los registros del Sence, se puede observar que tiene un cupo de 30 participantes, los que se capacitan durante tres horas teóricas y cinco horas prácticas, y cuyo valor total es de $1.205.600, con una utilidad de $345.600.
Los OTEC de la Sofofa trabajan con un OTIC de la misma propiedad, la “Corporación de capacitación y empleo”.
La Asexma cuenta con un OTEC denominado “Escuela de Negocios Internacionales Asexma S.A.”, que tiene registrados 56 cursos en el Sence, y un OTIC, “Centro Intermediario de Capacitación”. De los 20 OTIC registrados en el Sence, al menos 10 son propiedad de gremios empresariales; además de los ya mencionadas de la Sofofa y Asexma, existen de la Confederación de la Producción y el Comercio, de la Cámara Nacional de Comercio, de la Asimet, de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y de la Fide, que agrupa a sostenedores de colegios particulares subvencionados, entre otros. Cada uno de estos OTIC asesora a diversas empresas agrupadas en sus respectivos gremios. En el caso del OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción, “Corporación de capacitación de la construcción”, trabaja con más de 2.500 empresas allegadas a su sector.
La Iglesia también cuenta con OTEC y OTIC. En el caso del primero, la “Fundación Para El Servicio De Perfeccionamiento De La Educación Católica”, Sepec, tiene 98 cursos registrados en el Sence, entre los que se cuentan: “Educación Religiosa Escolar Católica: Teoría y Práctica” y “Enseñanza de Valores con Fundamentación Religiosa”.
La agrupación de los dueños de OTEC en la Región Metropolitana, AGMO, está inquieta. Su presidente, Horacio Dollenz, plantea que en el último tiempo muchos organismos técnicos de capacitación han quebrado debido a la fiscalización que está impulsando el Estado: “En mi opinión, buena parte de la confusión que existe en la industria de la capacitación pasa por el hecho de que la autoridad tiene demasiadas definiciones básicas pendientes y, esto nos lleva a discutir de lo superficial y lo importante sigue pendiente. Lo importante es la calidad de la capacitación y cuánto cuesta ejecutar capacitación de calidad”, asegura.
A juicio de Dollenz, una capacitación técnica de calidad no es incompatible con el fin comercial que persigue la mayoría de los OTEC. Dice que el problema radica en que algunos mal utilizan los recursos, y que eso empaña la labor de la mayoría: “Es absolutamente compatible la capacitación laboral con el tener como objetivo percibir utilidades. Toda empresa o trabajador que cumple con su trabajo merece un justo pago y eso es lo que ocurre en todos los sectores de la actividad económica y lo que mueve a nuestra nación hacia el progreso”. Además, desconoce los resultados del informe del Sence que asegura que la utilidad declarada por los OTEC es de un 27%, y señala que la información que ellos manejan sitúa esa cifra “entre el 10% y el 15%”.
Por último, dice que están molestos con la autoridad porque, a su juicio, no se han establecido reglas claras: “La autoridad nos informa todo esto por la prensa, por terceros actores, por la validación de informes o investigaciones de instituciones que son observadores y no actores de la industria, y aquí están en riesgo tres mil OTEC, con sus trabajadores y sus familias, y pareciera que a nadie le importa. Si nos van a quebrar y generar este enorme costo social, ¿por qué no nos dicen esto claramente?”, finaliza.
En la página web del Sence continúan apareciendo llamados a que los OTEC presenten cursos para el proceso “Más capaz” de este 2014, aunque por el momento continúan convocando sólo a organismos técnicos pertenecientes al “registro especial”, o sea, sin fines de lucro. Por ejemplo, la Vicaría para la Educación, del Arzobispado de Santiago.
Fuente: El Mostrador | http://goo.gl/187ug2
